UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

16 de diciembre de 2017

Los derechos de los pueblos originarios y el Convenio 169 de la OIT




Mapuches. Reclaman su derecho a las tierras en la Patagonia.

Urge que el Estado argentino preste debida atención al cumplimiento del Convenio 169, así como a la abundante jurisprudencia que sobre el tema desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La desaparición de Santiago Maldonado y el conflicto mapuche son dos de los temas que han ocupado la mayor atención y preocupación en el último mes.

Esta lamentable situación nos ha llevado, después de mucho tiempo y casi sin querer, a debatir sobre cuestiones indígenas, reclamos de tierras, lugares sagrados, autodeterminación de los pueblos originarios y tantos otros más.

Sin embargo, la materia indígena es mucho más compleja y no puede quedar reducida al pueblo mapuche; mucho menos, identificarse con un grupo radicalizado como la RAM o con un flogger devenido en líder mapuche.

Por lo anterior, cuando hablamos de los pueblos originarios y sus derechos y obligaciones debemos preguntarnos en qué instrumentos están consagrados estos y cuál es su vigencia en la práctica.

En ese sentido, la Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 17 que le corresponde al Congreso “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

A su vez, Argentina asumió compromisos a nivel internacional en esta materia. En 2000, ratificó el instrumento más importante que existe en la actualidad, que es el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (1989)”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El instrumento citado, a diferencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas –respecto de la cual Argentina también votó a favor de su adopción–, es obligatorio y como tal debe ser cumplido.

Dicho convenio establece el deber para los estados de consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar de modo directo a los pueblos originarios, a través de procedimientos apropiados de consulta, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Consagra, además, el derecho consuetudinario de los pueblos originarios, establece principios acerca del uso y la transferencia de las tierras indígenas y recursos naturales, junto con su traslado o relocalización, y reconoce el derecho de estos pueblos de participar en los beneficios que reporten los proyectos de inversión que se desarrollen en sus territorios.

Por último, se refiere a la conservación de su cultura, a las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles y a temas de seguridad social, entre otros.

Como puede apreciarse, estamos frente a un instrumento amplio y complejo, cuyo objetivo central fue dejar de lado los procesos y políticas de asimilación que se aplicaban respecto de los pueblos, para dar lugar al reconocimiento de sus propias aspiraciones, el control de sus instituciones, formas de vida, fortalecimiento de su identidad, desarrollo económico y religión.

No obstante, a diferencia de los esfuerzos que otros países de la región vienen realizando para garantizar la vigencia real de este Convenio, a la fecha Argentina no ha demostrado mayor interés en este instrumento internacional. En materia de consulta indígena y restitución y entregas de tierra, está lejos de Chile –más allá de la gravedad del conflicto actual en la Araucanía, el país vecino impulsa, de modo permanente, acciones para la observancia del Convenio 169–, Perú y Colombia, entre otros,

En mi opinión, urge que el Estado argentino preste debida atención al cumplimiento del Convenio 169, así como a la abundante jurisprudencia que sobre el tema desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (competencia que fue reconocida por Argentina), tanto en materia de consulta indígena como sobre los límites a la propiedad privada y el debido respeto a la existencia e identidad cultural de estos pueblos, para así desarrollar una verdadera política de Estado sobre esta importante cuestión.

En la medida en que esto no suceda, se corre el riesgo de que se produzca una mayor radicalización de posiciones y más violencia, menos seguridad jurídica para el desarrollo de inversiones en lugares en donde existan comunidades indígenas y un grave desconocimiento de la multiculturalidad y de los derechos de estos pueblos reconocidos a nivel internacional.

* Magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile

Publicado en:  http://www.lavoz.com.ar/opinion/los-derechos-de-los-pueblos-originarios-y-el-convenio-169-de-la-oit

7 de diciembre de 2017

COMUNIDADES DIAGUITAS EN CONTRA DE UN PROYECTO MINERO EN CATAMARCA




LA MINERÍA ESTÁ PROHIBIDA EN ANDALGALÁ, PERO EL GOBIERNO DE CATAMARCA DICE HABER HABLADO CON CACIQUES QUE HABRÍAN DADO EL VISTO BUENO PARA INICIAR EXPLOTACIONES EXTRACTIVISTAS. COMUNIDADES DIAGUITAS DESMIENTEN ESTAS REUNIONES.

El gobierno de Catamarca quiere hacer realidad su controvertido proyecto “Coherencia Minera” que establece las normas para distribuir las regalías económicas a aquellos municipios que dejen entrar a empresas mineras. Las comunidades diaguitas de la provincia, compuestas por 18 caciques expresaron su rechazo al polémico proyecto y comunicaron que cualquier tema que tenga que ver con el manejo de los recursos naturales, ellos deben intervenir en una mesa de diálogo.

“Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”, declararon en un comunicado el conjunto de las Comunidades Diaguitas. La “Coherencia Minera” es una política de premio y castigo, porque sólo permite el ingreso de dinero a aquellos municipios que aprueben y permitan la actividad extractivista. Para los que defienden la vida, siguen con sus magros presupuestos.

El gobierno catamarqueño está jugando sucio. Según se pudo saber integrantes de comunidades de pueblos originarios habrían estado de acuerdo con permitir el ingreso de la minería, algo que los propios indígenas se encargan de desmentir: “Conforme a artículos periodísticos días pasados, donde se hace mención a reuniones mantenidas con caciques que dicen ser de esas zonas o personas que se autoproclaman caciques, dando la conformidad a las explotaciones de los recursos naturales del territorio andalgalense, nos vemos en la obligación de aclarar los hechos acontecidos”

“Como verdaderas comunidades originarias reconocidas por el INAI, estamos totalmente de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la sentencia del juez de Garantías de Andalgalá, doctor Rodolfo Cecenarro, y con la aprobación de la ordenanza antiminera del Concejo Deliberante de la cuidad de Andalgalá. En consecuencia, no aceptamos la explotación contaminante a cielo abierto, que pone en riesgo nuestra salud y el medio ambiente de todo el departamento y la provincia, por poseer el mismo nivel de capas freáticas subterráneas”, aclaran desde las Comunidades. Al parecer las “reuniones” mantenidas con caciques no habrían sido del todo ciertas, y en todo caso, no se trató de personas representativas de los pueblos originarios.

El comunicado firmado por los 18 caciques diaguitas, es determinante con respecto a la “Coherencia Minera” y al accionar de un gobierno que quiere introducir la contaminación en lugares en donde la población ha dicho que no a la industria extractivista: “Como representantes de Catamarca en la Mesa Nacional y Convención Regional del Noroeste Argentino, ante el Consejo Nacional Consultivo y Participativo de Pueblos Originarios, convocada por decreto nacional 672/16 del actual gobierno, y liderada por el representante Qom Félix Díaz, informamos de esta preocupante situación de avasallamiento a través de “consultas encubiertas”, que lo único que buscan es la Licencia Social con argumentos falaces, teniendo como saldo la triste experiencia que nos deja Minera Alumbrera, y que nadie nos explica todavía científicamente cómo se remediarán los impactos adversos del dique de colas, que contaminará la región por mil años”

Catamarca y especialmente Andalgalá han decidido decirle que no a la minería. Los descendientes de los primeros habitantes de estas tierras le hacen llegar un mensaje final a la gobernación: “Queremos la explicación científica y constitucional del anteproyecto de ley de “Coherencia Minera”. Exigimos la consulta obligada e irrestricta de todos nuestros pueblos originarios ante futuras presentaciones de funcionarios sobre la biodiversidad de nuestros ecosistemas”.

3 de diciembre de 2017

¡EXIGIMOS JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!


Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita - Salta

Como Pueblos Naciones preexistentes y ciudadanos argentinos, nos preocupa el acelerado debilitamiento del estado de derecho que se está produciendo en nuestro país en la actualidad, donde comienzan a violarse las garantías constitucionales y pareciera estar instalándose un virtual estado policial. Es sumamente peligrosa la militarización del territorio ancestral Mapuche en pos de defender los intereses de los terratenientes e inversores extranjeros en clara violación de los derechos constitucionales supra legales vigentes para Pueblos Originarios, así como también de los derechos consuetudinarios o derechos propios de esencia ancestral.

Este  gobierno es el responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, hechos sucedidos en circunstancias represivas y fuera del marco legal ejercidos por la Gendarmería Nacional, y del asesinato por la espalda del hermano mapuche Rafael Nahuel en territorio de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, villa Mascardi, territorio ancestral Mapuche. Este mismo gobierno avala el accionar violento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien actúa sistemáticamente en contra de las garantías constitucionales. La ministra Bullrich no sólo legitima la violencia institucional en base a una supuesta y dudosa legalidad, sino que lo hace cuestionando la legitimidad de la preexistencia de los Pueblos Originarios a través de relatos ficticios, difamaciones y mentiras que atentan contra la dignidad, el derecho y el ser de los Pueblos Originarios.

Notamos con suma preocupación la reemergencia de discursos autoritarios, represivos, discriminadores y racistas que creíamos superados a partir del proceso democrático, y que nos retrotraen a los sangrientos procesos de colonización y genocidio vividos por los Pueblos Originarios a lo largo de la historia. Pero aún más preocupante es la reinstalación de un poder represivo con atribuciones arbitrarias por encima de la justicia, que utiliza como herramienta legitimadora a los medios hegemónicos de comunicación para impartir “justicia” y mostrar un falaz estado de derecho. Prácticas como estas han sido utilizadas en el pasado para torturar, desaparecer y tener un Pueblo empobrecido y de rodillas que no demande derechos.

El Gobierno Nacional instala la teoría del enemigo interno, culpando de violencia a grupos virtuales creados por el relato de medios de comunicación hegemónicos afines a sus intereses, y representa a los Pueblos Originarios como usurpadores ilegales y revoltoso de sus propios territorios. Este discurso implica el regreso del relato de la doctrina de la Seguridad Nacional que reivindica un modelo económico-político de características elitistas y verticalista que suprime la participación amplia y plena de los Pueblos Originarios en su diversidad cultural y en relación intercultural entre el Estado y las instituciones legitimas de los Pueblos Originarios, de acuerdo a sus propias pautas organizativas y culturales. Los Pueblos Originarios, como sujeto de derecho y sujeto político, tenemos derecho a incidir en las políticas públicas destinadas al sector. Sin embargo, vemos con claridad que este gobierno elimina y coarta derechos y se instala desde una matriz militar – represiva, con apariencia democrática.

En nombre de la soberanía y la Seguridad Nacional, el gobierno nacional timbea y saquea nuestros bienes naturales, culturales y espirituales, espacios que son parte indivisible de la vida de cada uno de los Pueblos Originarios. Preservar estos espacios es preservar la vida de nuestras futuras generaciones. Pero no sólo esto ocurre en la Argentina en la actualidad. El gobierno nacional está promoviendo la exclusión de la mayoría de los argentinos a través de falaces reformas laborales, previsionales y tributarias, que no son más que la institucionalidad del trabajo esclavo, la transferencia indiscriminada de la riqueza a las corporaciones del capital extranjero, la pérdida de derechos adquirido, y la retirada del estado y de su rol de protector y garante del acceso a los derechos fundamentales de incidencia colectiva que tenemos como seres humanos. Esto es lo que lo caracteriza a este gobierno de carácter CEOcrático, neoliberal, cruel y depredador que, para sostenerse, recurre a la violencia encubierta en la legalidad y en la impunidad.

Desde nuestro territorio ancestral repudiamos energeticamente y con toda la fuerza de los cuatro vientos el accionar de este gobierno neoliberal que ataca sistemáticamente los derechos fundamentales de incidencia colectiva, de rango constitucional, consuetudinario y supra legales vigentes para los Pueblos Originario, atentando con la vida de los poseedores ancestrales de los territorios quienes, como Pueblos Naciones preexistentes, estamos desde miles de años antes de la conformación del Estado argentino y tenemos derecho a vivir en paz en nuestros territorios. Los más de 40 Pueblos Originarios que habitamos este país plural, apelamos y convocamos a la PAZ y a la LIBERTAD, únicos garantes para que podamos convivir en igualdad y diversidad junto a la sociedad. Sólo queremos vivir en nuestros Territorios y luchamos por nuestros derechos que nos asisten y por la construcción de un Estado de iguales, inclusivo y plural.

Nuestra abrazo a la Nación Mapuche, y con este abrazo enviamos nuestra solidaridad, fuerzas y energías a la familia del hermano Rafael Nahuel. Su espíritu continuará junto a cada uno de nuestros mártires y héroes que entregaron su vida en defensa de nuestra Identidad y Territorio.

¡POR LA MEMORIA DE NUESTROS IQUINES Y TITAQUINES!



¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL! 

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO MAPUCHE!

¡LIBERTAD AL LONKO FACUNDO JONES HUALA!

¡JUSTICIA PARA SANTIAGO MALDONADO!

¡CESE DE LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUSIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡RESTABLECIMIENTO DEL DIÁLOGO, CONSULTA Y PARTICIPACION!

¡PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA YA!

30 de noviembre de 2017

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!


Territorio Chuschagasta, 28 de noviembre de 2017

Pueblo - Nación Diaguita (Actualmente provincia de Tucumán. Valle de Choromoro, Dto. Trancas)

Desde nuestro Territorio Ancestral, nosotros, Los Chuschagasta (Pers. Jurídica N°03 Re.Na.Ci/INAI) Pueblo Originario preexistente a la creación del Estado Argentino, expresamos nuestro más enérgico repudio a la persecución que vienen padeciendo nuestros hermanos y hermanas de la NACIÓN MAPUCHE, esta escalada de violencia que fue incrementándose en este último tiempo y que dio como resultado despojos territoriales, persecuciones, encarcelamientos y muertes.

Enviamos toda nuestra fuerza a la familia del hermano Rafael Nahuel, asesinado el pasado sábado 25 de noviembre, en el marco de una fuerte represión sufrida en territorio del LOF LAFKEN WINKUL MAPU (actualmente provincia de Río Negro, lago Mascardi, Bariloche) a manos del grupo especial de Prefectura Albatros, Gendarmería Nacional y el GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales), donde más de 400 efectivos participaron de la inhumana cacería que dio como resultado hermanas y hermanos mapuches heridos de gravedad y el asesinato de nuestro hermano Rafael Nahuel.

Desde nuestro territorio nos unimos en un pensamiento colectivo para rechazar y repudiar el accionar violento de las fuerzas de "seguridad" que nuevamente actúan avasallando nuestros derechos humanos colectivos consagrados en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, Convenios y Declaraciones Internacionales. Asimismo violan los derechos que tenemos por ser ciudadanos argentinos.

Hacemos público nuestro repudio a los dichos cargados de discriminación, ignorancia y xenofobia expresados por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quién calificó el "accionar de las fuerzas de seguridad como legal y legítimo". Al respecto, de más está decir que el accionar llevado a cabo carece de "legalidad" y que, por el contrario, es totalmente inconstitucional, ya que va en contra de todos los derechos antes mencionados. También cabe aclarar que la Constitución Nacional contempla en su artículo 75 inciso 17 nuestros derechos colectivos que no sólo reconocen nuestra preexistencia sino que también reconoce nuestra identidad originaria y el derecho a vivir en nuestros territorios, entre otros derechos.

Le comunicamos a la Ministra de Seguridad Bullrich que los Pueblos Originarios no tenemos resuelto el "problema" territorial de ninguna manera. Muestra de ello es el asesinato de nuestra autoridad Javier Chocobar, quién fue asesinado a quemarropa por defender nuestro territorio el 12 de octubre de 2009. No sólo asesinaron a nuestra Autoridad sino que también dispararon indiscriminadamente hacia nuestros comuneros, comuneras y nuestros niños, hiriendo a tres de los nuestros. Los asesinos Darío Amin, Humberto Gómez y José Valdivieso (estos dos últimos ex policías) al día de hoy gozan impunemente de libertad.

Para que cesen los conflictos territoriales el Estado Argentino debe reconocer en primera instancia que se estableció sobre territorios habitados por nuestros pueblos desde hace miles de años, a fuerza del genocidio de nuestros antepasados. Es obligación y responsabilidad de este Estado garantizar que esa historia de violencia no se repita y establecer mecanismos de diálogo intercultural, para hacer efectivos nuestros derechos como Pueblos Originarios y también como ciudadanos argentinos.

La titularización de nuestros territorios comunitarios es parte de la deuda de reparación histórica hacia los pueblos.

Enviamos fuerza y acompañamiento para los hermanos y hermanas del Lof Lafken Winkul Mapu.

Por último reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable en defensa de nuestro territorio ancestral.

¡¡JUSTICIA PARA RAFAEL NAHUEL!!

¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR!!

¡¡BASTA DE PERSEGUIR A LA NACIÓN MAPUCHE!!

¡¡ PROPIEDAD COMUNITARIA YA!!

El juicio de la Historia



La Megacausa ESMA llegó a sentencia, con un saldo de 29 prisiones perpetuas, 19 condenas de 6 a 25 años, y 6 absoluciones. Astiz, Acosta, Pernías y todos los otros nombres. La represión ilegal, el terrorismo de Estado, el sistema de desaparición y muerte pudo ser juzgado de un modo inédito en el mundo. La emoción del fallo vivida en Comodoro Py.

Al pronunciar su alegato de defensa ante la Cámara Federal porteña en el primero de los juicios al terrorismo de Estado, en 1985, el almirante Emilio Eduardo Massera emitió un augurio: “Mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la Historia, y es allí donde se escuchará el veredicto final”.

Este 29 de noviembre aquel delirio de grandeza de quien comandó la Armada durante la dictadura comenzó a tener respuesta.

¿Qué significan la historia, la crónica y la búsqueda de justicia? 789 víctimas y 54 genocidas eran las primeras cifras que figuraban en el volante que se repartía en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py, donde se leyó la sentencia del mayor de los juicios realizados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) o la Unidad 3.3.2. Modos técnicos de nombrar al infierno.

La llamada Megacausa ESMA, por el volumen y la intensidad del crimen, fue llevada adelante por el Tribunal Oral Federal número 5, duró 5 años entre desarrollo y testimonios. Pero tal vez fue llevada adelante, en mayor medida aún, por más de 40 años de memoria y reconstrucción de la verdad por parte de las victimas sobrevivientes y familiares que convirtieron a esa memoria en un hecho colectivo.

“Todos y cada uno de estos juicios empezaron en los lechos de tortura, en las noches , encapuchados. Cuando estábamos encadenados y veíamos con dolor e impotencia que se llevaban a nuestros compañeros los días de traslado (el término que se usaba en la ESMA para referirse a los vuelos de la muerte). Desde ahí nos comprometimos y sobrevivimos para esto. Los compañeros que hoy no están , si hubieran estado, hubiesen luchado con nosotros por la justicia. Por justicia por los crímenes de la dictadura y por la justicia en todo terreno para nuestro pueblo. La lucha que nos hizo ser desaparecidos”, dice Graciela Daleo, una de las tantas sobrevivientes que aportó su testimonio en cada juicio, desde 1985, en busca de condena y justicia.

Y algo que había dicho en 2011, en una de las causas previas seguidas por los crímenes de la ESMA: “Hubo organizaciones que tuvieron innegablemente una dinámica profunda para que esto ocurra, como las organizaciones de derechos humanos. Pero esto es colectivo. Ojalá lo viva como una victoria todo nuestro pueblo”.

Una “X” junto a 29 fotos

Un Comodoro Py rodeado de mujeres y hombres de las más variadas generaciones. Se respiraba al comienzo un clima de atención y preocupación. Nietos, hijos, sobrevivientes y las infaltables Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sentadas con sus pañuelos blancos de siempre, y sus bastones de ahora. Todas piezas fundamentales para entender el festejo del logro histórico, y mundial, que implicó esa sentencia.

La lectura del fallo se iba viendo en una pantalla entre el silencio, los chiflidos y los gritos de festejos ante cada condena.

Unas jóvenes anotaban sobre un papel con las fotos de cada genocida: “X” era perpetua, “0” era absuelto, o anotaban el número de años de prisión.

La lectura de los números de la muerte pareció infinita. Cada foja de cada causa significaba cifras desmesuradas. Cifras de los crímenes, vejámenes y torturas cometidos por cada uno de los 54 genocidas:

Privaciones ilegítimas de la libertad agravada.

Imposición de tormentos.

Homicidios agravados.

Sustracción de menores de edad.

Y en el medio del desglose del horror se escuchaba algún grito desgarrado: “Hijos de puta”, o “Queremos todas perpetuas”, como gritó una hija de desaparecidos al aire con la foto blanco y negro de su padre en la mano.

“Esto es para las Madres”, fue uno de los muchos gritos que se escucharon cuando dijo finalmente el juez dijo “Alfredo Astiz: perpetua”. Fue uno de los casos que recibió como respuesta una ovación que también pareció infinita. Varios de los presentes comenzaron a recordar en voz alta que fue el culpable, entre muchas otras atrocidades, de la

desaparición de tres de las Madres fundadoras: Azucena Villaflor de Devincenti, Esther Careaga, Mary de Bianco, en diciembre de 1977.

Mabel Careaga, una de las hijas de Esther, con las voz quebrada dice: “Después de que secuestró a las tres Madres, ellas fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Me consta que las madres volvieron al jueves siguiente a la Plaza de Mayo con miedo y con temor y con esa vuelta a la Plaza derrotaron a la dictadura. A esa vuelta a la Plaza le debemos la democracia de hoy. Las perpetuas de Astiz, los pilotos y todos los genocidas son también gracias a que volvieron aquella vez, y siempre”.

Otras dos condenas ovacionadas fueron la de Adolfo Donda y Jorge “Tigre” Acosta. Los jóvenes seguían escribiendo la “X”.

Cada tanto el juez Daniel Obligado interrumpía la lectura para pedir silencio en la sala porque algunos familiares de genocidas gritaban que no estaban de acuerdo con la condena.

El resultado final de la sentencia de la Mega Causa fue:

29 perpetuas, 19 condenas de 6 a 25 años, 6 absoluciones.

Todos los nombres

Es imposible memorizar tantos nombres, pero conviene el registro:

Jorge Eduardo Acosta (prisión perpetua), Alfredo Astiz (perpetua), Juan Antonio Azic (perpetua), Randolfo Agusti Scacchi (prisión perpetua), Juan Alemann (absuelto), Ricardo Miguel Cavallo (perpetua), Adolfo Miguel Donda (perpetua), Antonio Pernías (perpetua), Juan Carlos Fotea (25 años), Rubén Oscar Franco (20 años), Miguel Ángel García Velasco (perpetua) y Pablo García Velasco (perpetua), Juan Arturo Alomar (13 años), Carlos Guillermo Suárez Mason (perpetua), Paulino Oscar Altamira (8 años), Mario Daniel Arru (perpetua), Daniel Humberto Baucero (10 años), Julio César Binotti (8 años), Carlos Octavio Capdevilla (15 años), Miguel Enrique Clements (8 años), Daniel Néstor Cuomo (perpetua) y Rodolfo Cionchi (perpetua). Juan de Dios Daer, Alejandro Domingo D’Agostino (perpetua), Hugo Enrique Damario (perpetua), Carlos Eduardo Daviou (12 años), Jorge Manuel Díaz Smith (12 años), Francisco Di Paola (perpetua), Alberto E. González (perpetua), Orlando González (perpetua), Ricardo Jorge Lynch Jones (absuelto), Jorge Luis Magnacco (24 años), Roque Ángel Martello

(absuelto), Rogelio José Martínez Pizarro (perpetua), Luis Ambrosio Navarro (perpetua), Víctor Roberto Olivera (14 años), Rubén Ricardo Ormello (absuelto), Eduardo Aroldo Otero (17 años), Mario Pablo Palet (8 años), Guillermo Pazos (16 años), Antonio Rosario Pereyra (10 años), Claudio Orlando Pittana (perpetua), Julio Alberto Poch (absuelto), Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Rádice (perpetua), Francisco Lucio Rioja (perpetua), Miguel Ángel Alberto Rodríguez (8 años), Juan Carlos Rolón (perpetua), Néstor Omar Savio (perpetua), Hugo Sifredi (perpetua), Emir Sisul Hess (absuelto), Gonzalo Torres de Tolosa (perpetua), Eugenio Vilardo (perpetua) y Ernesto F. Weber (perpetua).
No pudieron

En cuanto terminó la lectura del fallo el canto fue general: “Como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar” y no tardó mucho en llegar el grito de 30 mil detenidos desaparecidos presentes.

Sobre la avenida Comdoro Py muchos de los miembros de organismos de Derechos Humanos hablaron desde el escenario dijeron las mismas palabras: “Apelaremos las sentencias insuficientes pero sobre todo sepamos que somos capaces de conseguir esto porque luchamos y hay que festejarlo”.

Lita Boitano unía pasado y presente: “Creo que es una gran jornada porque muchos jóvenes van a poder ver que muchos por lo menos la pagan. Por Santiago y por Rafita tenemos que pensar que por lo menos la pagan. Será la policía, será la prefectura, pero la impunidad no la vamos a volver a permitir. El único lugar donde se logran estas cosas es en la calle. Con la cara, el cuerpo y la palabra todo el tiempo”.

En una gran pantalla instalada en la calle se proyectaron en blanco y negro las fotografías de los detenidos desaparecidos de la ESMA, que todos se quedaron mirando y aplaudiendo.

Graciela Daleo, Vicky, leyó dos fragmentos de poemas que hicieron emocionar a la mayoría de sus compañeros de juicio:

“Y cuando finalmente llegue ese día,

cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver,

y ahí me veas,

y una voz te diga lo matamos,

se nos escapó en tortura,

está muerto,

cuando te digan absolutamente,

definitivamente muerto,

no les creas,

no les creas,

no les creas”.

Agregó: “No les creamos porque somos capaces de hacer vivir a nuestros compañeros en la memoria y en estos juicios que construyamos cada día de un país más justo para todos”.

Y volvió a leer:

“Ellos saltan las rejas,

ellos salen del río,

y derriban los muros,

van contigo y conmigo,

más allá del silencio,

más allá del olvido,

los compañeros nuestros,

nuestros seres queridos,

van contigo y conmigo,

no pudieron con ellos,

no pudieron conmigo,

no pudieron con nosotros,

con todos nosotros”.

29 de noviembre de 2017

Muerte del joven mapuche: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”



Días atrás se conoció la muerte de un joven mapuche quien fue baleado por la espalda por efectivos de Prefectura Naval durante operativo de desalojo y represión en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Esta situación se enmarca en las crecientes críticas a la lucha de las comunidades originarias y la justificación de las represiones constantes a las que son sometidas por parte de los gobiernos nacional y provincial. La abogada Verónica Huber habló al respecto y dejó en claro cuáles son las normativas constitucionales que protegen a los pueblos originarios y que son violadas permanentemente por el Estado. Denunció, además, que lo ocurrido en Bariloche no es ni más ni menos que un homicidio.

Para comenzar a conocer sobre los derechos de los pueblos originarios y sus comunidades, recomendó leer el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, en donde se habla sobre las comunidades y sus derechos, principalmente a la posesión y propiedad comunitaria. Luego, sugirió la lectura del inciso 22, el cual enumera una serie de tratados de derechos humanos y los equipara con la Constitución Nacional. “Esa lista no es cerrada, los distintos tratados de derechos humanos que se vayan ratificando por el Estado nacional a través de leyes tienen las mismas características, tienen el mismo rango que la Constitución”, explicó.

“En función de eso vayan y busquen la ley 24071- continuó- en la que el Estado argentino, a través del Congreso de la Nación, ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establecen los derechos de los pueblos originarios. No solamente a la propiedad comunitaria sino a la protección por parte del Estado a través de todos sus poderes”.

Así, al analizar la situación actual remarcó: “Lo que uno escucha en los medios es: ‘La propiedad privada está en la Constitución’, ese es el primer argumento, porqué usurpan, y no están usurpando, están reclamado”.

Al respecto, recordó que la semana pasada el Congreso ratificó la ley 26160, que dispone la emergencia territorial y la suspensión de los desalojos de las comunidades que están siendo relevadas o que han solicitado relevamiento, y cuestionó: “No escuché a nadie que pregunte, en particular en los reportajes que se han dado a los funcionarios públicos, que pregunte sobre las normativas indígenas, y no son normativas que pusieron los indios, son normativas del Estado argentino que protegen a las comunidades indígenas, que además han sido declarados por las Reglas de Brasilia como sujetos especialmente vulnerables, por lo cual requieren una protección superior del Estado a la de cualquier ciudadano común”.

“El Estado no está haciendo más que violar los derechos, en este caso, de una comunidad mapuche específica, igual que lo hizo con la Pu Lof Cushamen”, aseveró la abogada sobre la situación que se vive en el sur del país y agregó. “Son comunidades que están en proceso de relevamiento, son comunidades que están cumpliendo con las normativas del Estado, a la espera de que el Estado cumpla alguna vez con las que tiene a su cargo”.

Asimismo, sostuvo: “Acá tenemos comunidades que ya tienen resolución de relevamiento y el Estado no tiene ni miras de empezar a comenzar el trabajo para titularizar las tierras”, y enfatizó: “El Estado está en un incumplimiento constante”.

Un homicidio

“¿En qué parte de la Constitución Nacional o de las leyes argentinas está habilitado el asesinato o la pena de muerte por la comisión de algún supuesto delito?”, cuestionó la abogada respecto a lo ocurrido en Bariloche y subrayó que “lo que debiera ser la noticia en todos los medios nacionales es que Prefectura mató a una persona por la espalda con una bala de plomo que no debía estar utilizando”.

En esta línea, criticó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, sentada al lado del Secretario de Derechos Humanos de Nación, “dijo que ellos no iban a cumplir órdenes que ellos entiendan que no corresponden”. “Dijeron que no van a cumplir la orden de un juez, y quién tiene autoridad sobre la fuerza de seguridad es el juez, no es la Ministra de Seguridad. El juez es el que tiene la autoridad en cada actuación específica respecto a la fuerza de seguridad”, explicó la abogada.

“Están peleando por la tierra, están resistiendo dentro de su casa, de su territorio, para que no ingresen quienes son ajenos a él”, enfatizó sobre la situación de las comunidades y, comparando lo ocurrido con los casos del periodista Baby Echecopar y del juez Claudio Bonadío, quienes asesinaron a personas que intentaron robarles, lamentó: “Según quién sea el que mata parece que está habilitado, y no sería de extrañar que en cuanto se diluya toda esta situación esto prescriba”.

Continuando con su análisis, puntualizó: “Actuando una fuerza de seguridad estando un operativo bajo supervisión del Estado y existiendo un muerto, la presunción es en contra del Estado, que debe probar que no fue su responsabilidad y que no se está soslayando por la vía de la represión la aplicación de una pena de muerte no permitida ni por la ley ni por los tratados internacionales”. “La responsabilidad directa es de quien disparó, pero la responsabilidad más importante para mí es del Estado que está avalando estas conductas represivas violentas y que ha decidido prácticamente exterminar a aun sector social a fuerza de represión”, aseveró.

Remarcó que “ninguna argumentación justifica la muerte de una persona, más cuando se da en una situación en la que intervienen fuerzas de seguridad que no deberían utilizar armas de fuego porque las normativas dicen que no deben utilizarlas, y además cuando le disparan a una persona por la espalda”, y dijo: “Estamos hablando de un asesinato, de un homicidio”.

Cuestionó también: “No veo que me estén contando que ya se han requisado las armas de todos los efectivos que intervinieron para determinar cuál de ellas fue la que disparó, se está obviando esto”, y alertó respecto a que “están circulando fotos de supuestos mapuches armados y son fotos de otros hechos que no se corresponden con lo que pasó en Bariloche”.

La situación en Salta

La abogada se refirió a lo que ocurre con el desmonte en la zona de Corralito, autorizado por el gobierno provincial con una rezonificación del área protegida por la Ley de Bosques a pedido de los titulares registrales, y acorralando a las comunidades wichi que habitan esos territorios.

“¿Cómo puedo zonificar y decirles a los titulares registrales que pueden o no utilizar esas tierras si todavía estoy resolviendo acerca de la propiedad?”, cuestionó Huber para quien “lo que hicieron fue otorgar una serie de permisos a aquellos que estaban dentro de las áreas que se podían explotar y les dieron la libertad de hacer lo que se les cantara, mientras tanto en los mismos lugares hay distintos pueblos”.

La abogada recordó que “Salta es la provincia que tiene mayor cantidad de pueblos y cada pueblo tiene, algunos más y otros menos, comunidades”, por lo que subrayó: “Hay un montón de ciudadanos salteños que tienen la situación de su territorio, de su casa, sin resolver. El mismo Estado dice que es su casa y al mismo tiempo les da permiso a otras personas para que hagan lo que quieran con ese territorio, con esa casa”.

Para la abogada, “no debió haberse hecho esa distribución de la Ley de Bosques porque fue solamente para soslayar que estaba el relevamiento en la provincia recién poniéndose en marcha”.

Siguiendo esta línea, cuestionó el accionar de la justicia frente a las necesidades de los originarios. “Mientras tanto las comunidades denuncian los atropellos que se comete contra ellas, los fiscales nunca hacen ni siquiera una indagación mínima”.


Fuente: Todas las voces todas/ FM Noticias 88.1 Mhz.

27 de noviembre de 2017

“Cayó Rafael al piso y gritaba: ‘No puedo respirar, no puedo respirar'"

Desde la Lof Lafken Wincul Mapu, un integrante de la comunidad, herido de bala, describió cómo fue la represión del grupo Albatros de Prefectura, y el asesinato del joven mapuche de 22 años.

Crédito: Gustavo Zaninelli

“La represión empezó el jueves, cuando ingresaron al territorio, de madrugada. Empezaron a agarrar a las lamienes (mujeres) y a los niños. A nosotros nos persiguieron por todo el monte. Eran los del grupo especial Albatros, de Prefectura. Salieron a cazarnos. Nosotros nos defendimos con piedras y palos, nada más. Y ellos nos tiraban con municiones de plomo, sin medir consecuencias.

Pese a ese operativo seguimos resistiendo dentro del territorio. Estuvimos escapando durante toda la noche. Nos seguían con drones, con linternas. Los Albatros estaban con la cara pintada, camuflados, y arrastrándose por el suelo. 

Ayer pudimos descansar un poco, y comer algo. A las cuatro de la tarde, cuando estábamos reunidos, escuchamos un grito: "¡Quietos, al piso!", aparecieron de la nada y nos tiraron a matar. No dijeron quiénes eran. 

Nosotros respondimos con piedras, pero enseguida nos dimos cuenta que estaban tirando con plomo. Ahí hirieron al primer peñi (hermano). Él gritó: "¡Me dieron, me dieron! Nos dimos cuenta que estaban tirando con munición 9 milímetros. Nos agachamos, y las balas rebotaban por todos lados. Otra lamién (mujer) fue herida en el hombro, la bala le pasó de lado a lado.

En un momento sentimos un grito, cayó el peñi (hermano) Rafael al piso, y gritaba: "¡Ahhh, no puedo respirar, no puedo respirar!". Y cuando lo arrastramos para ver lo que tenía, se le había cerrado el pecho. El tiro le había entrado por ahí (y se señala el tórax a la altura de las costillas), y le había salido por atrás, por el pulmón. Pero en verdad no le terminó de salir, quedó encajado en la espalda, tenía como hinchado, como sobresalido, y estuvo agonizando un tiempo.

"Le hicimos reanimación. Ya se había puesto pálido, estaba frío. Y mientras lo bajábamos desde arriba del cerro, se nos murió.!

Cuando llegamos a la base nos quisieron seguir reprimiendo. Nos apuntaban con sus fusiles, y la Policía Federal estaba con pistolas en la mano, como si fuéramos terroristas. Nosotros veníamos con las manos levantadas, pidiendo por favor que nos dejen sacar el cuerpo, porque el peñi (hermano) se nos murió a la mitad del camino, en nuestros brazos. 

Bajamos al peñi y dejamos el cuerpo, porque nosotros no nos queríamos entregar. Ellos nos apuntaban con fusiles y pistolas. Nos dijeron "déjenlo ahí y vengan", como una forma de señuelo para cazarnos. Ahí lo dejamos, y lo tuvieron como hasta las 12 de la noche, tirado, como a un perro.

Lo que le pasó a Rafael Nahuel es una tristeza; se nos fue un peñi (hermano) que tenía 22 años. Mataron a un jovencito. Fue el grupo Albatros el que empezó a los balazos. No hubo un enfrentamiento. Y ahora quieren tapar la realidad de lo que pasó. Ellos vinieron a cazar mapuches. Quieren hacer lo mismo que en la Pu Lof, es decir, lavarse las manos. Pero en este caso no van a poder hacerlo, porque nosotros estamos todos baleados, y ellos no tienen ni un solo herido.

Nosotros teníamos piedras y palos. ¿Qué podíamos hacer con eso? ¡Una bala mata! 

No es verdad que haya habido diálogos de negociación ni nada por el estilo. Acá vino la fiscal el miércoles, se rió de nosotros, y dijo que si no desalojábamos pacíficamente, iba a reprimir y mandar a todos los efectivos que fueran necesarios. Estaban los niños jugando frente a ella, pero no le importó. El jueves por la madrugada, a eso de las 5, empezó el desalojo. A las mujeres que se quedaron allá arriba les pegaron, y a los nenes les tiraron gas pimienta en los ojos. 

"Pedimos que se acerque toda la gente mapuche. Esto es urgente. El apoyo tiene que ser rápido, porque no tenemos seguridad de que vengan a reprimirnos de vuelta." 

Ayer no dejaban pasar a nadie. Recién hoy, como a las 10 de la mañana, liberaron los accesos. Nosotros no tenemos celular ni cámaras, ni ningún medio, y queremos comunicarle a la gente de Bariloche, a la gente consciente, que nos venga a brindar apoyo. Hoy perdimos al peñi (hermano) Rafael, y podrían haber sido más los asesinados. 

LOS DÍAS EN LA LOF LAFKEN WINCUL MAPU

“Este es un territorio recuperado, un territorio mapuche. Nosotros queremos vivir tranquilos acá, que nos dejen trabajar la tierra, con nuestro ser mapuche, nuestros animales y nuestra gente. 

Este territorio era de nuestros ancestros, ES de nuestros ancestros, y SERÁ de nuestros ancestros. 

Hace una semana que no comemos nada. Estamos a pura agua, porque cuando entraron se llevaron toda la comida que teníamos. También se robaron tres motosierras que compramos con esfuerzo de lucha y trabajo. 

Nos rompieron dos casas que habíamos hecho. Destrozaron la siembra, se llevaron nuestra ropa, la comida, rompieron y se llevaron todo, y nos contaminaron el territorio. 

Existe documentación que a nosotros nos avala -hasta legalmente- sobre que estos territorios son ancestralmente mapuches. Es una lucha de más de 500 años. Parques Nacionales y el Estado argentino, en la época de la matanza, venían a asesinarnos, se llevaban a los niños de chiquitos a Buenos Aires o a otros países.

"A los peñi (hermanos) de esta zona se los llevaron al Museo de La Plata, y ahí los exhibían. A nuestros abuelos los vinieron a matar, como a nosotros nos vinieron a matar ahora."

Nosotros vamos a seguir acá pacíficamente, como siempre estuvimos. Queremos que nos devuelvan un pedazo de tierra, para poder trabajarla. Ahora se metieron de esta forma, a matarnos, como nos mataron desde hace 200 años, en los barrios pobres, a los hermanos que trabajan en los campos. Y de eso no se sabe nada, no es noticia.

Parece que hay que morir para que la gente se dé cuenta que la nuestra es una lucha digna. Nos dicen que somos terroristas, porque nos encapuchamos. Pero en verdad, nos encapuchamos por seguridad: tenemos cuatro peñi detenidos, dos que bajaron a pedir que no nos disparen más, y otros dos que fueron quienes llevaron el cuerpo.

Nos tienen aislados, y por eso le pedimos a los medios que se acerquen a mostrar cómo nos tienen aquí. Para no decir las mismas mentiras que dice la Justicia.

Acá hubo heridos de bala, y somos nosotros los únicos heridos. El muerto es nuestro”.

Entrevista y Producción: Gioia Claro

23 de noviembre de 2017

Ley 27400 - Prórroga. Ley N° 26.160

COMUNIDADES INDÍGENAS
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1°.- Prorróganse los plazos establecidos en los artículos 1°, 2° y 3° de la ley 26.160, prorrogados por ley 26.554 y la ley 26.894, hasta el 23 de noviembre de 2021.

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo asignará las partidas necesarias para atender el Fondo Especial creado en el artículo 4° de la ley 26.160, que se prorroga por la presente.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL 08 NOV 2017

— REGISTRADO BAJO EL Nº 27400 —

MARTA G. MICHETTI. — EMILIO MONZO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

e. 23/11/2017 N° 90901/17 v. 23/11/2017

Fecha de publicación 23/11/2017

18 de noviembre de 2017

DECLARATORIA del Foro Internacional “CONSULTA, CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO Y AUTODETERMINACIÓN”

Pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil de México, América Latina y el Caribe se pronuncian sobre la implementación del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2017. –

Pueblos y comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Ciudad de México para intercambiar experiencias y conocer el estado de la implementación de la consulta y consentimiento previo, libre e informado (CPLI) en América Latina y el Caribe, denuncian que este derecho no se garantiza de conformidad con los estándares internacionales.

En México y en otros países de la región domina la captura política de los estados por parte de las empresas que privilegia el acceso a los bienes comunes naturales para las empresas del sector extractivo, energético y agroindustrial, a costa de los pueblos indígenas. En las iniciativas legislativas sobre consulta, tales pueblos son excluidos de los procesos políticos y, como regla general, la presión corporativa ejerce mayor influencia que sus reivindicaciones y prioridades de desarrollo. 

En algunos países se viene discutiendo la adopción de leyes sobre consulta, bajo el argumento de que su ausencia impide la implementación del referido derecho y perjudica la seguridad jurídica para las inversiones. Nos preocupa profundamente que, en México, una ley de este tipo institucionalice la consulta como un mero trámite administrativo que atenta contra la autodeterminación de los pueblos indígenas y equiparables. 

Los pueblos y comunidades indígenas que firman este pronunciamiento destacan que los procesos de consulta que se han desarrollado en la región no han servido para garantizar sus derechos humanos. Muy por el contrario, los procesos de consulta se han convertido en espacios de legitimación y regulación de proyectos de inversión previamente negociados entre empresas y gobiernos. En general, los procesos de consulta no son previos; se han llevado a cabo cuando los proyectos de inversión ya están siendo implementados y/o aprobados. Asimismo, se han caracterizado por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, la promoción de la división comunitaria, la criminalización de líderes y lideresas, la omisión de medidas para garantizar la participación de las mujeres y de identificación de los impactos diferenciados en perjuicio de ellas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Así también los procesos de consulta no han sido procesos que se han llevado en buena fe: no se reconoce la autoridad de los representantes de las comunidades y sus procesos internos de decisión. Así también en varios casos se han reemplazado a funcionarios con los que se ha logrado llegar a acuerdos con funcionarios que no buscan el diálogo sino la imposición. Lo anterior agrava la situación de discriminación histórica y estructural que sufren los pueblos indígenas. 

Así también, cuando los pueblos obtienen sentencias judiciales que amparan sus derechos y las autoridades gubernamentales las desacatan, el poder judicial no adopta medidas para exigir el cumplimiento de las mismas. Ello ha sucedido incluso ante decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este marco denunciamos la creciente presión política y las estrategias de manipulación en las comunidades, con el fin de destruir sus procesos políticos organizativos e imponer decisiones que favorecen los intereses de terceros sobre sus territorios y bienes naturales. De esta forma, subrayamos lo siguiente: 

a) Bajo los estándares internacionales aplicables, la consulta y el CPLI es un derecho autoejecutable. Es decir, no requiere reglamentación específica a través de ley para que surta efectos inmediatos y sea implementado por las autoridades estatales;

b) Algunos aspectos de los proyectos de ley en discusión en los países de la región ya se encuentran normados en tratados y jurisprudencia de cortes constitucionales, de la Corte Interamericana y de otros órganos supranacionales de derechos humanos;

c) Varias organizaciones y pueblos indígenas en la región han manifestado su preferencia por otros mecanismos de implementación de la consulta y CPLI, tales como los protocolos comunitarios de autoconsulta y la aplicación directa de los estándares constitucionales e internacionales vigentes;

d) La adopción de una ley específica es un ejercicio improductivo si los gobiernos no asumen políticas públicas pautadas en el verdadero respeto por los derechos de los pueblos indígenas. Véase, por ejemplo, la cifra de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en México y Honduras, luego de la adopción de leyes específicas para protegerlos;

e) Los mismos gobiernos que defienden la adopción de leyes sobre consulta han flexibilizado los requisitos ambientales y sociales para la concesión de proyectos de inversión en territorios indígenas, vulnerando además el derecho de acceso a la información en el marco de los procesos de consulta;

f) Las leyes o decretos adoptados en algunos países, así como los proyectos legislativos en discusión, restringen el derecho de los pueblos indígenas a expresar su consentimiento previo libre e informado, el cual es expresamente reconocido en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia internacional;

g) Si uno de los fundamentos para la adopción de una ley es brindar seguridad jurídica, cabe recordar que, como regla general, los pueblos indígenas carecen de la debida titulación sobre sus territorios. La inseguridad jurídica que afecta de forma más grave a tales pueblos no es la inexistencia de reglas claras sobre consulta previa, sino la ausencia de políticas estatales para demarcar y titular los territorios tradicionales, en común acuerdo con los pueblos y comunidades.

Finalmente, reafirmamos que la autodeterminación debe ser el punto de partida para cualquier iniciativa que tenga la probabilidad de impactar los territorios tradicionales. Exigimos que los Estados respeten los espacios de organización y deliberación internas de los pueblos y comunidades indígenas. El derecho a definir sus prioridades de desarrollo en esos espacios debe regir cualquier actuación estatal. 

Alcaldia Indígena de San Juan Cotzal, Departamento del Quiché, Guatemala
Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco
AIDA
Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT)
Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto
Centro Alexander von Humboldt (Nicaragua)
Colectivo Abogad@s
Colectivo MA OGM
Colectivo Apícola de los Chenes
Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta
CooperAcción
Coordinación de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA)
Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil
Cooperativa Chac-Lol
Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Derechos a la Tierra YA!
EDUCA
Fundación para el Debido Proceso
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
LAVIDA
Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya
Mujeres Indígenas en Defensa de la Vida 
Oxfam México
PODER
ProDESC
Asamblea del Pueblo Guarani de Bolivia
Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPEE)
Servicios y Asesoría para la Paz
Tequio Jurídico A.C.

17 de noviembre de 2017

México: por primera vez identifican con nombre y apellido a los casi 32 mil desaparecidos que hay en el país




Regresan nombre y apellido a casi 32 mil desaparecidos


De las 33,482 personas desparecidas que había en México hasta junio 2017, la cifra más reciente en las estadísticas oficiales, en 70% de los casos hay omisiones y errores en descripción física, que impide saber con precisión a quién se busca.

Por eso, la organización civil Data Cívica se dio a la tarea de devolverle su identidad a los desaparecidos del fueron común que integran el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), con el propósito de que no sean sólo una cifra en el portal de la Secretaría de Gobernación.

El resultado es la plataforma personasdesparecidas.org.mx, que identifica con nombre y apellido 31,968 casos, a partir de cotejar tres fuentes de información pública: los padrones de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la propia base de datos del RNPED.

Pero hay 309 personas sobre las cuales las fiscalías y procuradurías locales no tienen más información que su nombre, conocido sólo hasta ahora gracias a la base de datos de Data Cívica.

“En México, los nombres de las y los desaparecidos no son públicos. No sabemos quiénes son, cómo son, ni cuáles son sus historias. Este es un ejercicio que los nombra para poder convertir cifras en personas. #PersonasNoRenglones”, dice la página que contiene la base de datos elaborada por Data Cívica con el apoyo de otras 12 organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Entre las organizaciones que participaron están Enjambre Digital, Serapaz, el Movimiento por nuestros desaparecidos México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar y el sitio de noticias Animal Político.

“Nosotros no estamos poniéndole nombre a nadie, estamos regresándole nombre a las personas desparecidas que ya lo tienen”, dijo Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto suman 18,778 las personas desaparecidas, mientras que el panista Felipe Calderón cerró su sexenio con 13.486 casos que todavía están en el registro.

RETOMAN BASES DE DATOS

El RNPED se integró en febrero de 2013 con el registro de 24,957 personas desaparecidas hasta entonces, divididas en dos categorías: fuero común (por denuncia ante autoridades locales) y fuero federal.

A partir de ese momento, se ha actualizado y depurado de manera periódica, hasta sumar hoy 33,482 casos contabilizados hasta junio de 2017. De ese número, 32,277 corresponden al fuero común y 1,205 al fuero federal.

Para su base de datos, Data Cívica sólo consideró el fuero común porque, a diferencia del registro federal, los casos no tienen ni siquiera nombre, aunque sí el lugar y fecha de la desaparición, la edad y algunas características físicas como talla y complexión.

El nombre más reciente integrado a la plataforma es Elezar Efraín Hernández Trejo, quien desapareció en Querétaro. Tiene 15 años, una cicatriz en la pantorrilla y mide 1.67 de estatura.

“A la base de datos del RNPED entran y salen personas sin que tengamos claridad sobre por qué es así”, dijo Meltis, durante la presentación de la plataforma que ya está disponible en internet para cualquier usuario.

Un ejemplo es el caso de Alejandra, la hija de Bertha Beltrán que desapareció en 2013. Su madre, quien participó en la presentación de la plataforma, se hizo buscadora para hallar a su hija. Y lo hizo 3 años después, el 29 de noviembre de 2016. Pero el nombre de Alejandra sigue apareciendo en los registros oficiales.

“Mi hija no debería estar ahí, debería estar siendo investigada por feminicidio, y me dicen que no”, dijo Bertha.

Pero México “sabe mejor cuántos barriles de petróleo produce al día que cuántas desaparecen y quiénes son esas personas”, dijo Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

LABORIOSA BÚSQUEDA

Data Cívica hizo la reconstrucción de nombres de personas desaparecidas, cotejando los atributos que contiene la base de datos del RNPED con los padrones de la Sedesol y el IMSS.

En un comunicado explica que “para hacer esta reconstrucción hicimos miles de consultas automatizadas a la plataforma de consulta en línea del RNPED, que permite buscar a las personas por atributos personales, nombre o apellido”.

Por ejemplo, explica, “si buscas a alguien de apellido González la plataforma arroja todos los registros de alguien que tiene ese apellido, aunque no hay manera de saber los nombres completos de las personas que tienen de apellido materno o paterno González”.

Data Cívica, por lo tanto, hizo miles de búsquedas automatizadas, usando un diccionario de nombres comunes que construyó a partir de las bases públicas del padrón de beneficiarios del IMSS y de la Sedesol.

“Durante este proceso automatizado descargamos 17 mil 731 bases de datos de registros relacionados con cada nombre y apellido y luego reconstruimos los nombres completos de cada persona a partir del resto de información de cada renglón (estado, municipio, sexo, edad, etc.)”.

Es decir, una vez descargados todos los nombres y apellidos del registro en bases pequeñas e independientes, se utilizaron los atributos asociados a cada nombre y cada apellido para generar identificadores únicos por fila. Los identificadores únicos permiten conectar los nombres con los apellidos y poder reconstruir el nombre completo de una persona.

Para verificar la precisión de este ejercicio, después de asociar a cada individuo con un nombre, un apellido paterno y un apellido materno, buscaron sus nombres completos reconstruidos en la misma plataforma y comprobaron que estaba cada uno relacionado con un registro.

De esta manera, Data Cívica le ha devuelto su nombre a 31,968 personas no localizadas en México, como obliga la Ley General de Desaparecidos, que todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.