UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

12 de octubre de 2017

Nuestra Gran Nación Diaguita Reivindica la lucha y resistencia ancestral llevada a cabo por cada uno de los Pueblos y Naciones Originarias en América en busca de la Libertad a 525 años de la llegada del blanco a Amerika.




Posicionamiento de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita – Salta 

Nuestra Gran Nación Diaguita Reivindica la lucha y resistencia ancestral  llevada a cabo por cada uno de los Pueblos y Naciones  Originarias en América en busca de la Libertad a 525 años de la llegada del blanco a Amerika y a 483 años de la entrada del primer usurpador por nuestros territorios ancestrales.

Hoy como ayer continuamos resistiendo los embates de los usurpadores, devenidos en titulares registrales o asociaciones de propietarios de los valles, que pretenden desconocer nuestra posesión ancestral legitima, desbaratando el derecho de incidencia colectiva, ataques sistemáticos en confabulación con los medios de comunicación monopólicos, racistas, elitistas, discriminadores que tienen intereses sobre nuestros territorios, buscando confundir a la sociedad que acompaña y respeta la lucha ancestral por los derechos de los Pueblos Naciones preexistentes.

Como Pueblo Nación Diaguita reafirmamos nuestro compromiso histórico de fortalecer nuestras autoridades tradicionales y nuestras instituciones legítimas de acuerdo a nuestras propias pautas culturales.

Desde la llegada del blanco a territorio Diaguita hacia 1534, y luego de muchas décadas de resistencia territorial se instala el sistema de apropiación territorial, contando con la complicidad del poder político de turno, poder judicial, económico y religioso, sectores responsables del sometimiento, genocidio y de los crímenes de lesa humanidad a nuestros mayores.

Esta apropiación territorial de conquista la continuaron los Cornejo, José Dávalos, Antonio Rodos, Raúl Dávalos, Robles, Wayar, Willians Boner, Etchar, Donal  Jhes y muchos otros usurpadores, quienes intentan quebrantar nuestro vínculo territorial,  causando un profundo impacto cultural, económico y político. Alterando un sistema ancestral de vida.

Como organización territorial desde los más profundo de la sabia de la tierra, entendemos que la lucha por nuestros derechos no comenzó con nosotros, sino que continúa en nosotros y tenemos el deber de dignificar ese legado ancestral, como fieles guardianes de nuestro territorio que es Tierra, Agua, Aire, Fuego.

Somos parte del territorio ancestral y tradicional que lo legamos como herencia de nuestros mayores donde  están nuestros animales domésticos y ariscos, el bosque, las plantas medicinales, los valles y montañas, las lagunas, las vertientes y los ríos, los lugares sagrados, nuestras apachetas y antigales, nuestra familias están de tiempos inmemoriales, haciendo uso Tradicional, Ancestral en convivencia con la biodiversidad y las fuerzas naturales con principios consuetudinarios de nuestra cosmovisión Diaguita.

El Territorio es un bien y no es una mercancía; es nuestra vida, nosotros siempre estuvimos en el Territorio, aunque no nos quieran ver, aquí estamos como siempre, más vivos que nunca porque somos culturas vivas y dinámicas.

Estamos caminando nuestro proceso re organizativo dando luz para que nuestra identidad Diaguita aflore con fuerza desde los cuatros elementos vitales, los cuatro vientos, las cuatro direcciones del tino.

Nuestro auto reconocimiento es un proceso dinámico y continuo que se fortalece continuamente en el trabajo colectivo, en las cosechas, las siembras, las esquilas, la recolección de madera, de simból, poleo, plantas medicinales, en las campiadas o juntado de animales y las celebridades propias de acuerdo a nuestro calendario propio; en la construcción colectiva, en cada una de las actividades territoriales que ejercemos por convicciones basada en nuestra identidad, memoria y como poseedores legítimos de nuestros territorios, ejerciendo la palabra y vocería colectiva, en primera persona. 

Nunca más vamos a dejar en manos de otros las definiciones y decisiones sobre nuestro propio destino.

Por la memoria de nuestros Iquines y Titaquines, Kallchakí, Chelemín, Javier Chocobar, Ambrosio Casimiro.

Exigimos: 

● EL PLENO CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS. 

●URGENTE TRATAMIENTO Y PRORROGA DE LA LEY 26160 POR UNANIMIDAD EN DIPUTADOS. 

● TRATAMIENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA – Exp. Nº 5137-D-2017. 

● REGLAMENTAR LA CONSULTA Y PARTICIPACIÓN.

●RESPETO POR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN ESTADO DE DEMOCRACIA. 

● RECHAZO A LA CRIMINALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.

● LIBERTAD AL LONQO FACUNDO JONES HUALA.

● JUSTICIA POR JAVIER CHOCOBAR.

● APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO



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9 de octubre de 2017

"2920 DÍAS DE IMPUNIDAD, 2920 DÍAS SIN JAVIER CHOCOBAR, 2920 DÍAS DE LUCHA"



7 de Octubre de 2017. A 8 años del asesinato de Javier Chocobar y de inacción de la justicia Tucumana. Los Chuschagasta volvemos a marchar el jueves 12 de octubre (09:00 hs punto de encuentro plaza Urquiza. San Miguel de Tucumán). Convocamos a toda la sociedad en general a que nos acompañe una vez más. 

Comunidad Los Chuschagasta (personería jurídica N°03 ReNaCi/INAI) perteneciente a la Nación Diaguita, Valle de Choromoros (actualmente Tucumán). Nosotros Los Chuschagasta Pueblo Vivo y Preexistente al estado nacional Argentino, queremos pronunciarnos al cumplirse otro “nuevo” 12 de octubre Memoria, Lucha y Resistencia por Javier Chocobar, quien fue asesinado en defensa de nuestro territorio ancestral por Dario Amín, Humberto Gómez y José Valdivieso. Estos dos últimos funestos personajes, con participación activa en la última dictadura militar, en el denominado “grupo Atila”, del tristemente célebre Malevo Ferreira.

Lo más significativo de remarcar para nosotros, es el "extraño" tiempo que sigue demorando el juicio a los asesinos, en una causa que se transformó en una de las resoluciones más largas de la historia Tucumana. Reivindicamos a Javier Chocobar COMO NUESTRA AUTORIDAD ASESINADA, no solo un comunero o un abuelo, sino una AUTORIDAD TRADICIONAL de nuestra institución territorial, hecho que oscurece más la demora de la justicia en este “estado de derecho y democrático”. Un estado nacional que no garantiza ni implementa la legislación indígena vigente y mucho menos hace efectivos los derechos humanos que nos asisten por ser ciudadanos argentinos.

Finalmente reafirmamos el hecho de que Javier dio su vida por la Comunidad y el territorio, un binomio inseparable; debido que para nosotros la Comunidad es nuestra familia parte fundamental de reproducción de nuestros aspectos sociales, espacio de fortalecimiento, reflexión, crecimiento y donde nos vinculamos de acuerdo con nuestras pautas culturales e identitarias. Dentro de nuestro lugar que está íntimamente enclavado en el territorio. Territorio que no solo es el espacio donde vivimos sino que interactuamos con él, donde afianzamos nuestra espiritualidad, en él esta la medicina ancestral que nos sana a nosotros y a nuestros animales, obtenemos sus frutos a través de las siembras. Además es donde se desarrolla material y simbólicamente nuestra vida, la de nuestros ancestros y será la de nuestros hijos. Nuestra identidad está determinada por el territorio que queremos y cuidamos no por un valor material sino porque está vivo y nos da vida. Deseamos alcanzar la justicia, queremos que este sea el último año donde debamos salir a marchar para exigir un Derecho (Justicia), aunque estamos decididos a no abandonar la lucha como Javier nos mostró, sin miedo, sin mezquindades y con dientes apretados. 

Estuvimos, estamos y vamos a seguir exigiendo justicia y defendiendo nuestro territorio siempre. 

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¡¡¡JUICIO Y CÁRCEL PARA LOS ASESINOS DARIO AMÍN, HUMBERTO GÓMEZ Y JOSÉ VALDIVIESO!!! 

¡¡¡JUSTICIA PARA JAVIER CHOCOBAR Y PARA TODOS LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!!! 

Contactos: 
Audolio Chocobar 03815999189 
Nancy Chocobar 1158396726

Gendarmería, muerte y silencio: A 70 años de la Masacre de Rincón Bomba


El 10 de octubre de 1947, cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. Los persiguieron, violaron, fusilaron, apilaron y quemaron. No era ni la primera ni la última vez que la Gendarmería protagonizaba una represión indígena. Pero el “problema” es siempre el mismo: la concentración pública de sujetos indígenas es una invitación a la represión. Por Luciana Mignoli | Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.



“Les dimos corchazos para que tengan", celebra un gendarme. Otro, tira piedras. El otro, esconde un hacha. Y otros, quizás, un cuerpo. Escenas que infunden terror pero que están muy lejos de ser inaugurales o casuales.

La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la feroz represión en el territorio mapuche del Pu Lof en Resistencia en Cushamen, Chubut, puso en primer plano la violenta relación de la Gendarmería Nacional con las comunidades indígenas.

Una violencia que se inscribe en un continuo histórico en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al “malón”. Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como “Campañas al Desierto”. Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX.

La Gendarmería Nacional protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacimiento en la Reducción de Napalpí fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados.

En la actualidad, se puede mencionar -entre muchas otras y en distintos lugares del país- la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de “liberar” la Ruta Provincial Nº 86. Allí -al igual que hace dos meses en Cushamen- la comunidad qom sostenía un corte la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión.

En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina.
La Bomba

Tonkiet era un hombre que -según los ancianos sobrevivientes- “sanaba con su palabra”. Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño.

Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual.

Dicen que el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería Nacional fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea.

Pero los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna.

Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería Nacional desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado. Su delito fue reunirse.

La emboscada fue fatal: por un lado, un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución.

"Calendario". Obra de los artistas plásticos Hugo Vidal y Cristina Piffer.

El minucioso y respetuoso documental “Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio”, de Valeria Mapelman, recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz, entre otros, los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento.

Allí, también se recuerda en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo.

Quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en “reducciones indígenas” en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería Nacional que llevó adelante la masacre.
Morir sin justicia

Qadeite era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a su madre y su pequeño hermano. Se escondió en el monte. Pasó hambre. Escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos.

A muchos “se los tragó el monte”. El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida.

Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas.

En esta última funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”.

Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas.

Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera- le pidió perdón.

Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Qadeite falleció en septiembre de 2015, unos meses después de la partida de Setkoki´en(Melitón Dominguez), otro activo sobreviviente de la masacre.

El año pasado fue el turno de Salqoe (Pedro Palavecino), un anciano que siempre instaba a seguir en la lucha por la verdad y la justicia. “Falta seguir, porque muchos no saben. Y porque todavía duele”, decía.

Y hace un mes murió Ni´daciye (Solano Caballero) que en diciembre del año pasado llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires desde su Formosa natal para dar testimonio.

“Tengo 97 años y no olvido. Yo no olvido esta causa. ¿Por qué? Porque ahí está la sangre, ahí están los huesos, ahí en la tierra. Este es mi dolor. No es chiquito. Es grande, está arriba este dolor para mí. Pero estoy contento de llegar acá, a ustedes. Pero la justicia tiene que ser grande, porque pasaron muchos años”.

En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.
Nora Cortiñas junto a Ni´daciye en diciembre de 2015. Foto: Luciana Mignoli
Genocidios de segunda

Este 10 de octubre a las 17, la Federación realizará un acto por la conmemoración de los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte en intersección con la Ruta Nacional 81, Las Lomitas. Entre otras cosas, esa tarde se inaugurará un memorial en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre, realizado por el artista plástico Ulises González, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina.

¿Cuántos organismos de derechos humanos les mandarán sus adhesiones? ¿Cuántas figuras públicas acompañarán ese día al Pueblo Pilagá? ¿Cuántos medios de comunicación destinarán amplias coberturas a esta masacre impune? ¿En cuántas escuelas recordarán este hecho histórico? ¿Y por qué hay dolores que conmueven más que otros?

Porque hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente.

Un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber “bajado de los barcos” y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física.

Porque participamos -sin siquiera saberlo- de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo.

El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares.

Reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza.

Por eso, en el 70º aniversario de una de las masacres crueles del siglo XX, Qadeite, Salqoe, Setkoki´en, Ni´daciye y todo el Pueblo Pilagá merecen que nunca deje de exigirse memoria, verdad y justicia por las víctimas y sobrevivientes de Rincón Bomba.

Crédito de la imagen de portada: Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires: Tren En Movimiento Ediciones, tomada de El último alzamiento, Revista de Gendarmería Nacional (1992).

CONTACTOS PARA NOTAS: 
Noolé Palomo: 3718623642, Consejo de Mujeres 
Ángel Navarrete: 3715497145 (Whastapp), Consejo de Ancianos 
Bartolo Fernández: 3715488236, Consejo de Representantes 
Tomas Domínguez, teléfono 3718560854 (Whatsapp), Secretario de la Federación 
Para enviar adhesiones: federaciondelpueblopilaga@gmail.com

29 de septiembre de 2017

Senado argentino aprueba reclamo de pueblos indígenas y pasa a Diputados

Con decisión se suspende desalojo de sus comunidades

BUENOS AIRES
Los pueblos originarios de Argentina lograron este miércoles el voto favorable del Senado a su reclamo de prórroga de una ley que suspende los desalojos de sus comunidades, una demanda que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.

"Por unanimidad la Cámara alta dio 'media sanción' a la prórroga de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena que suspende los desalojos en tierras habitadas por los pueblos originarios", informó el Senado en un comunicado.

Si la prórroga es aprobada por la Cámara de Diputados, será por un plazo de 4 años.

Miembros de los pueblos originarios de Argentina protestaron este miércoles frente al Congreso Argentino, exigiendo una ley que prohíba los desalojos de pueblos originarios de sus tierras ancestrales.(AFP)

Los manifestantes buscan que el Congreso prorrogue por tercera vez la norma aprobada en 2006 y que preveía realizar en un plazo de tres años un estudio territorial de los lugares de Argentina en donde están establecidas las comunidades indígenas.

La norma ya fue prorrogada en 2009 y 2013 y vence en noviembre próximo.

"La ley lleva 11 años y de las 2.000 comunidades (indígenas) que existen en el país, solo han sido relevadas 400, nada más. Hay 1.600 que están esperando", dijo a la AFP Roberto Ñancucheo, un líder mapuche que participó de la protesta.

El objetivo no es solo la prórroga de la ley sino que se termine este estudio y se apruebe "una ley de propiedad comunitaria", explicó.

Ñancucheo insistió en que el Estado argentino "tiene una deuda de 200 años con los pueblos originarios" pero aclaró que en esta ocasión están "reclamando que paren lo que ocurrió en Argentina en los últimos 20 años".

"Existen conflictos en todo el país. Son territorios desalojados por los sojeros, las mineras, los empresarios", agregó.

Aseguró que "los indígenas no tenemos más dónde recular. Ni siquiera es una cuestión de valentía, coraje ni de resistencia".

"No puede haber esta injusticia de un empresario con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que no tiene donde vivir, como lo que vivimos con el empresario Benetton", insistió.

El empresario italiano Luciano Benetton es dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia, donde comunidades mapuches reclaman tierras ancestrales al sostener que ellos son pueblos preexistentes al Estado argentino.

El reclamo se renueva cuando todas las miradas del país se posaron en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, instalada en terrenos que compró Benetton en los años 90, y donde desapareció el 1 de agosto el joven Santiago Maldonado, solidario con la causa de ese pueblo, durante un violento operativo de la gendarmería (policía militar).


El Senado votó la prórroga de la Emergencia Territorial para los Pueblos Originarios

Media sanción al freno de los desalojos
La Cámara alta aprobó por unanimidad prorrogar la ley 26.160, que suspende los desalojos en territorios indígenas en conflicto hasta noviembre de 2021. Ahora la norma deberá ser debatida en Diputados. En la sesión, Pichetto volvió a hablar de una supuesta “violencia extrema" en la Patagonia y resaltó la militarización de la región chilena de la Araucanía como un ejemplo a seguir.


En las afueras del Congreso hubo una concentración para reclamar la prórroga de la Emergencia Territorial. Imagen: DyN

Con 62 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, el Senado dio la media sanción a la reclamada prórroga de la ley 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos en los territorios de los pueblos originarios que están en conflicto. En las afueras del Congreso, un acampe de representantes de cuarenta comunidades originarias se concentró para seguir el debate.

La norma había sido aprobada en noviembre de 2006 y prorrogada en 2009 y 2013. Contempla la realización de un relevamiento territorial de los lugares en donde están establecidas comunidades indígenas, que no fue completado. A once años de la sanción de la ley, sólo 459 de 1532 de las comunidades fueron relevadas, por lo que sin la prórroga, más del 65 por ciento corrían el riesgo de ser desalojadas.

Durante la vigencia de la emergencia, que ahora durará hasta noviembre de 2021, se prohíbe todo tipo de acción legal que tuviera como objetivo despojar a los pueblos originarios de las tierras en donde están instalados hasta que se complete el relevamiento.

El oficialismo, que había anticipado que respaldaría extender la Emergencia Territorial, planteó su deseo de que la nueva prórroga fuera solo por dos años y medio, algo que fue rechazado por la bancada del PJ-FpV y otros bloques opositores. Finalmente los senadores de Cambiemos acompañaron el plazo de cuatro años.

“No era para entorpecer, era una oferta para intentar mejorar. No lo comparten, no hay problema, vamos a votar los cuatro años”, expresó Ángel Rozas, hasta hoy presidente del interbloque de Cambiemos. “A lo mejor, si el Ejecutivo cumple con lo que prevé, antes de los cuatro años se pueda completar”, añadió.

Antes de Rozas expuso el titular del bloque del PJ-FpV, Miguel Ángel Pichetto, quien expresó su respaldo a la prórroga pero volvió a dedicar su discurso a la supuesta amenaza de grupos violentos en la Patagonia, a los que vinculó con los mapuches. “Hay situaciones con un grupo identificado con la violencia extrema y con el no reconocimiento al territorio nacional”, sostuvo el senador rionegrino y se refirió escuetamente a la desaparición de Santiago Maldonado, tema que recorrió la mayoría de los discursos en la sesión.

Pichetto planteó “la necesidad de saber la verdad de lo que pasó con Maldonado” y lanzó una “opinión personal”. “Para mi no hay tierra sagrada. No puede haber ningún espacio de tierra en el territorio argentino que no esté bajo las autoridades de la Argentina”, afirmó. Pidió “buscar mecanismos de pacificación” y puso como ejemplo la situación de la región de la Araucanía en Chile, que “queda bajo jurisdicción militar del Ejército chileno”. “No quiero decir que hagamos lo mismo acá, vulneraríamos la Ley de Seguridad Interior”, aclaró rápidamente, pero insistió en que “la Argentina tiene que dejar de ser ingenua”.