UPND SALTA

TERRITORIO DIAGUITAGHASTA

DERECHO A LA COMUNICACIÓN CON IDENTIDAD

2 de febrero de 2018

Violencia e impunidad en México en la defensa de la vida y el territorio




La crisis de derechos humanos con la que diversos organismos internacionales han definido la situación que vive México se distingue de manera alarmante en el ámbito del activismo medio ambiental, donde en los últimos ocho años se ha documentado casi medio centenar de asesinatos de defensores de la tierra. La concentración de homicidios en los últimos años da muestra de la vulnerabilidad que ha afectado a este colectivo de activistas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Según denuncia la organización Global Witness [1], entre los años 2010 y 2015 se produjeron 33 asesinatos, mientras que entre los meses de junio de 2016 y mayo de 2017 se registraron once ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de Isidro Baldenegro, quien había sido galardonado en 2005 con el prestigioso Premio Goldman por su campaña contra la tala ilegal de árboles en la Sierra Madre Occidental.

La alerta sobre la violencia y las amenazas a activistas y líderes comunitarios han llevado a diferentes organismos internacionales a reiterar los llamamientos al Estado de México para que proteja de manera específica los derechos humanos de quienes desarrollan su labor en el marco de conflictos territoriales asociados a las políticas de desarrollo y a la construcción de megaproyectos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) ha expuesto su preocupación ante el aumento de la vulnerabilidad que presentan las y los defensores de la tierra, el territorio y el ambiente, coincidiendo con el creciente número de conflictos socioambientales desatados por empresas extractivas y energéticas que operan en la mayor parte de los estados de México. La comisión califica de “devastador” el incremento de la violencia contra aquellas personas que defienden la tierra y la protección de los recursos naturales y que constituyen el “41 por ciento de todos los homicidios a personas defensoras en la región”.

Violación de derechos humanos en contextos desarrollistas

El incremento específico de la vulnerabilidad sobre defensores ambientalistas es una consecuencia directa de la proliferación de megaproyectos, que se ubican en la práctica totalidad de los estados del país amparados por las políticas federales que privilegian la inversión del capital privado frente a los intereses de las poblaciones, que ven amenazadas sus formas de vida.

Una de las políticas que persigue incentivar la inversión de grandes empresas es la declaración de determinados territorios como Zonas Económicas Especiales (ZEE), un foco de atracción de capital privado a partir de incentivos fiscales, entre otros estímulos. Desde la perspectiva gubernamental, la implementación de estas medidas se plantea como una estrategia desarrollista para impulsar la dinamización económica de los estados más empobrecidos a partir de la instalación de megaproyectos, habitualmente relacionados con la explotación energética pero también con el turismo o la creación de infraestructuras.

Es precisamente por ello que la amenaza de las grandes empresas recae con mayor virulencia sobre contextos comunitarios, con alta presencia de población indígena y campesina, y donde la entrada del capital privado rompe los sentidos comunitarios, por ejemplo, con la apropiación de bienes comunes y terrenos ejidales que históricamente han pertenecido a las comunidades y que, sin un certificado de propiedad privada, pierden legitimidad sobre el uso de la tierra.

La vulnerabilidad de las poblaciones rurales frente a las corporaciones se ve potenciada por la presencia de actores armados, legales e ilegales, asociados a la instalación de los proyectos en los territorios. Según ha documentado la organización Global Witness, la violencia adquiere diferentes formas de criminalización y hostigamiento, como detenciones arbitrarias, campañas de difamación y perjurio contra activistas ambientales, acusados de oponerse al desarrollo y la modernización del territorio, y, en los casos más extremos, asesinato de quienes lideran las luchas.

Agresiones con un fuerte componente de género

El componente de género en la persecución de activistas ambientales se constata a tenor de la gravedad de los casos identificados en los territorios. En los primeros días de 2018 se ha tenido noticia de los siguientes hechos: el feminicidio de la defensora ambientalista Guadalupe Campanur, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de tortura; la detención de la activista maya q’eqchi´ Magdalena Cuc Choc, y la alerta sobre el riesgo de la vida e integridad personal de la defensora Bettina Cruz y su núcleo familiar, denunciada por la CIDH.

Se trata de los casos más recientes de una multitud de ataques que han sufrido en los últimos años y de manera específica las mujeres defensoras: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México[2] ha documentado más de cuarenta asesinatos de mujeres activistas desde 2010, mientras que alertan de un incremento del 366 por ciento del total de agresiones a defensoras durante el periodo 2012-2016. Solo en Oaxaca, uno de los estados con mayor conflictividad social a causa de las políticas de desarrollo, se ha podido registrar un incremento exponencial de las agresiones hacia mujeres defensoras: de 11 ataques documentados en 2012 a 35 en 2016[3].

La criminalización de las personas defensoras del territorio adquiere formas específicas en el caso de las mujeres, de manera que las redes de derechos humanos alertan de la vulnerabilidad de las activistas y de la necesidad de integrar una perspectiva de género en las medidas de protección. Por ejemplo, en el caso de las mujeres defensoras se identifican agresiones de componente sexual, insultos, amenazas sobre las familias o campañas de difamación que persiguen la pérdida de prestigio en la comunidad. Las detenciones arbitrarias o ilegales también se convierten en estrategias de criminalización y desmovilización social.

Algunos de los casos denunciados de manera reciente fueron las detenciones arbitrarias de Enedina Rosas Vélez, acusada de “obstrucción a la construcción de obra pública”, en el estado de Puebla, y la acusación de María de la Cruz Donantes de robo en el marco de la lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Guerrero.

La lucha contra la impunidad: el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola

La ausencia de justicia en los casos de violencia hacia defensores y defensoras de derechos humanos es señalada por las redes de activistas como el principal factor que contribuye a la perpetuación de la criminalidad en los territorios. La violación de los derechos humanos en México se ampara en una alarmante impunidad que niega el acceso a la justicia a las víctimas y familiares y favorece la repetición de las agresiones.

La ausencia de justicia en los asesinatos de la activista mixteca Bety Cariño y del finlandés Jyri Jaakkola se ha convertido en un caso emblemático, incluido en el informe Acuerdos Políticos de Impunidad, en el que también se recoge el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola fueron asesinados el 27 de abril de 2010 durante un ataque a la caravana humanitaria de apoyo a miembros de la población triqui que se encontraban sitiados. Los activistas sufrieron una emboscada en la que se produjo un tiroteo que acabó con la vida de Bety y Jyri y dejó heridas a otras diez personas más. El Estado mexicano aún no ha resuelto el crimen de estos dos activistas y se teme por la puesta en libertad de los únicos acusados.

El asesinato de estos dos activistas se ejecutó en un contexto de luchas y defensa del territorio de la población indígena triqui que habita en Oaxaca. El pueblo triqui cuenta con una larga historia de lucha por la autonomía respecto a las instituciones mestizas, que finalmente se materializó en la declaración de San Juan Copala como municipio autónomo. El éxito en la lucha por la autonomía no ha impedido que la violencia y los casos de desplazamiento sean parte de la cotidianidad de un pueblo que trata de superar las divisiones provocadas por intereses externos.

Uno de los casos que crearon más conmoción en la comunidad fue el de los asesinatos en el año 2008 de las jóvenes locutoras de radio Felícitas Martínez y Teresa Bautista, que se encontraban realizando su trabajo informativo en las comunidades cuando sufrieron un ataque con disparos. Las dos locutoras formaban parte del proyecto radiofónico “La voz que rompe el silencio”, una emisora popular puesta en marcha por un grupo de jóvenes que buscaba fortalecer el proceso autonómico del municipio y que había recibido las amenazas de los sectores opuestos a la lucha del pueblo triqui.

(*) Mª Cruz Tornay es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

25 de enero de 2018

“POR EL CAMINO DE NUESTROS MAYORES” - COMUNIDAD DIAGUITA KALLCHAKÍ PIÚL

La Comunidad Diaguita Kallchakí Piúl – PJ Nº 84/13, miembro UPNDS, realizo el día 13 de enero del corriente año el evento cultural “Feria de la arveja y el queso”. El mismo se llevo a cabo en el Sitio el Cruce de Payogasta, ruta 40 y 33 a 12 km del Territorio de Piúl – Kachi, Salta.

Esta propuesta colectiva impulsada desde el territorio de Piúl es parte de un trabajo conjunto como Pueblo Diaguita, de reinvindicacion identitaria y cultural. Asumiendo el legado ancestral y de pertenencia territorial, para ofrecer desde el propio territorio los productos que provee la madre tierra, alimentos que se producen desde la agricultura familiar Diaguita, promoviendo y fortaleciendo los sistemas ancestrales y tradicionales de cultivos, respetando los ciclos de la naturaleza y el cuidado natural de los productos para obtener un alimento sano y saludable.

Se dio inicio a la actividad con la presentación de los productos del Territorio, con principal presencia de arvejas y quesos, el lema de la convocatoria, donde cada productor expuso su producto fresco y recién cosechado, también hubo variedad de maíz, papas, miel, etc.

En simultáneo se armaron puestos ofreciendo distintos platos de comidas tradicionales del territorio, donde no faltaron el asao de cabrito, empanadas, locro, humitas, mazamorra, anchi, empanadillas y vinos de color y sabor de los distintos territorios Diaguitas.

El canto ancestral dio marco de algarabía a la “Feria de la arveja y el queso”, cuando hermanos y hermanas Bagualer@s y Copler@s al sonar de las cajas chirleras convidaron a los presentes con racimos de coplas y dichos.

No falto la guitarreada y el folklor para dar lugar a la danza y el baile, espacio donde el hermano Abel Vilte ofreció unos versos en payada como homenaje a Don Hugo Vilte, autoridad Diaguita de Piúl quien hoy nos acompaña desde otros espacios territoriales, sin embargo su legado continúa vivo y presente.

Un Conjunto de música tropical de los valles le puso ritmo a una jornada que comenzaba a cerrarse con el mismo espíritu colectivo y constructivo con el que se dio inicio para propiciar un buen camino de retorno a cada hermano y hermana a su territorio que lo abriga y alberga desde siempre. 

Y así nos fuimos despidiendo hasta cada segundo fin de semana de enero, pues esta fecha es agenda del Calendario Diaguita por estos territorios.

Reconocemos y agradecemos a tod@s los que acompañaron y colaboraron para llevar a cabo la “Feria de la arveja y el queso”, desde nuestro territorio de Piúl saludamos a los que se hicieron presentes a compartir estos momentos de intercambio y reciprocidad.









24 de enero de 2018

"GRAN KARNAVAL KALLCHAKI "

11 DE FEBRERO 2018


La Comunidad Diaguita Kallchakí “Las Pailas” – UPNDS, invita a los hermanos y hermanas, a la sociedad en general a nuestra celebración del “Gran Karnaval Kallchakí” a llevarse a cabo el día 11 de Febrero de 2018 en el Sitio “Resistencia Kallchakí Territorio Diaguita.

Como Pueblos Originarios preexistentes nos convocamos a vivir el tiempo y espacio del Karnaval Kallchakí,  donde desenterraremos al pujllay, compartiremos el canto colectivo,  la música, el baile, acompañados de albahaca, chicha, aloja, con toda la alegría y el encanto de nuestra cultura ancestral, revalorizando nuestra identidad y cosmovisión milenaria.

BONO CONTRIBUCIÓN para la realización del “Gran Karnaval Kallchakí”



Se invita a todxs quienes quieran y puedan colaborar, a aportar colectivamente con la adquisición de un BONO CONTRIBUCIÓN a solo $ 30 con el fin de afrontar gastos organizativos para realizar el desentierro del Pujllay. Nuestra actividad es al aire libre para celebrar en hermandad y colectivamente como pueblos, tal cual lo hacían nuestros mayores, al compás de Bagualas, música en vivo, chicha, albahaca y mucho más.  Esperamos su colaboración.

Podes adquirir el Bono en Local Kallchakí diagonal al correo argentino en Kachi, o a Delegadxs autorizados.

Sortea el 11 de febrero de 2018 antes de finalizar el evento

Contacto: 0387-154892412
                0387-155119202


18 de enero de 2018

Perú: histórica sentencia ordena titulación de territorio Achuar



La orden del Segundo Juzgado Civil de Iquitos incluye los recursos naturales, como bosques y agua, necesarios para la existencia del pueblo Achuar.

Por primera vez en el Perú, el Poder Judicial emitió una sentencia que reconoce a un pueblo indígena su derecho a la autodeterminación y al territorio colectivo.

Se trata de la resolución del Segundo Juzgado Civil de Iquitos, en la región Loreto, que reconoce al pueblo Achuar del Pastaza su derecho a la titulación de su territorio ancestral de manera integral, incluyendo los recursos naturales que se encuentran dentro de su circunscripción como bosques, agua, entre otros, los cuales son necesarios para la existencia del pueblo.

La titulación integral significa que la propiedad se entregará a todo el pueblo originario y no de manera fragmentada a cada comunidad. Para entender la decisión, vale precisar que los miembros de un pueblo originario pueden estar organizados en comunidades o vivir en otros lugares como centros poblados y ciudades.La sentencia judicial ordena la titulación integral del territorio Achuar. Foto: Amazon Watch

En este caso, el pueblo Achuar reúne a 45 comunidades, con un territorio de 759 805.
97 hectáreas, ubicado entre los distritos de Pastaza, Andoas y Morona, de la Provincia Datem del Marañón, en Loreto.

Un precedente en la titulación

La abogada Raquel Yrigoyen Fajardo, vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) y coordinadora del caso Achuar, explica que con esta sentencia se darán cambios fundamentales en cuanto a titulación.

“La titulación ya no será para cada comunidad que forma parte del pueblo Achuar, sino para las 45 comunidades reunidas en un solo pueblo. El título sería del pueblo no de cada comunidad”, señala Yrigoyen.

La decisión también marca un precedente en materia de titulación ya que los pueblos originarios podrán exigir que todo su territorio sea otorgado en propiedad y no en cesión de uso, como sucede actualmente con las comunidades de la Amazonía, explica la abogada de IIDS, institución que llevo el caso del pueblo Achuar.El pueblo Achuar reúne a 45 comunidades entre los distritos de Pastaza, Andoas y Morona, de la Provincia Datem del Marañón, en Loreto. Foto: Amazon Watch

Actualmente, el Estado peruano otorga a las comunidades el título de propiedad solo de las tierras de vocación agrícola y ganadera, mientras que los bosques o áreas de uso forestal se les entrega mediante la modalidad de cesión en uso, según lo especifica el articulo 11 de la Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario.

En conversación con Mongabay Latam, Jeremías Petsein Peas, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, manifestó su satisfacción por la decisión judicial. “Llevamos luchando más de 20 años por la defensa de nuestro territorio y nuestros bosques y, ahora, finalmente, la sentencia nos permitirá contar con nuestro territorio ancestral y unir a las 45 comunidades”.

El juez Sergio Antonio del Águila Salinas sustentó su decisión en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, que en su artículo 13 dispone que el término tierras incluya el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan o utilizan.

La decisión judicial marca un precedente en la titulación de los territorios indígenas. Foto: Amazon Watch

“El reconocimiento de un título colectivo para los Achuar servirá como precedente para muchos otros pueblos indígenas que están exigiendo sus derechos territoriales ancestrales en respuesta a la invasión de industrias extractivas como el petróleo, la explotación maderera y la minería”, señala Andrew Miller, Director de Incidencia de Amazon Watch, organización que trabaja en la protección de la selva y los derechos de las poblaciones indígenas de la Amazonía.

Autonomía en las decisiones

La misma sentencia ordena que se reconozca la personalidad jurídica del pueblo Achuar como pueblo originario, representada por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú.

“No tener personalidad jurídica es como si una persona no tuviera DNI, e incluso más que eso, pues los pueblos son como las personas, existen. El DNI no crea a la persona. Con los pueblos ocurre lo mismo, el reconocimiento no crea al pueblo, porque este ya existe, incluso antes que el Estado. Los derechos de los pueblos son intergeneracionales, descienden de sus ancestros, no tienen inicio ni fin, no prescriben”, explica Yrigoyen.

En este caso, la designación de personalidad jurídica comprende a las organizaciones afiliadas a la FENAP, como Achuarti Takat Irunturmau (ATI), la Asociación Indígena del Morona (AIM) y la Organización Achuar Chayat (ORACH), así como a las 45 comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Huasaga, Manchari, Huituyacu y Morona.

En Perú, este concepto está sustentado en instrumentos internacionales que reconocen a los pueblos o naciones indígenas y en el artículo 191 de la Constitución que reconoce a los pueblos originarios.
El pueblo Achuar se opone a la explotación petrolera en su territorio. Foto: Amazon Watch

Al respecto, el presidente de la FENAP señala que el pueblo Achuar existía en Perú, pero que jurídicamente no estaba considerado como pueblo originario. “Ahora, con esta resolución el pueblo Achuar podrá decidir de manera autónoma como nación sobre su población y su territorio”, dijo.

Por su parte, Yrigoyen indica que esta sentencia lo que hace es ordenar que se cumpla lo que dice la Constitución Política del Perú y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El artículo 89 de la constitución peruana señala que “las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible”.

Asimismo, el artículo 9 de la declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas precisa que “los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate”.
La decision judicial sobre el territorio Achuar se sustentó en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Foto: Amazon Watch

Cabe precisar que en abril de 2017, el Gobierno Regional de Loreto emitió una ordenanza que reconoce a la personalidad jurídica de los pueblos originarios. Por ello, la sentencia ordena al gobierno regional que cumpla con su ordenanza.

“Ahora, el gobierno regional ya debería emitir la resolución de reconocimiento de personería jurídica del pueblo Achuar del Pastaza, que ya lo solicitó hace tiempo”, dice la abogada de IIDS en referencia al cumplimiento de la sentencia.

El pedido pendiente

Por otro lado, el líder indígena manifestó que la demanda de nulidad, por falta de consulta previa, de los lotes petroleros establecidos dentro del territorio Achuar no ha sido aceptada.Por tanto, aseguró que recurrirán a las instancias correspondientes hasta que atiendan este pedido.

La demanda de nulidad de los lotes petroleros no fue aceptada por el juez. Foto: Amazon Watch

Como se recuerda, entre los años 2008 y 2012, los achuar se movilizaron para expulsar a la petrolera canadiense Talismán de su territorio. Esta concesión fue asumida por Petroperú.

En octubre de 2014, GeoPark y PetroPerú firmaron un convenio de inversión conjunta y, el 1 de diciembre de 2016, PetroPerúcedió el 75 % de su participación en el Lote 64, ubicado en la región Loreto, a la compañía GeoPark.

POR YVETTE SIERRA PRAELI

12 de enero de 2018

SITIO SAGRADO DIAGUITA “EL TERO”


Ayer jueves 11 de enero de 2018 se reabrió formalmente el Sitio Sagrado Diaguita a los visitantes que deseen conocerlo. El Sitio “El Tero”, espacio Sagrado del Pueblo Nación Diaguita se encuentra ubicado en Territorio Diaguita, actual departamento de Kachi, provincia de Salta, Argentina.

Luego de un recorrido vivencial por el territorio que ocupa el Sitio se realizo una sahumada y se compartió un fotomontaje que refleja el presente vivo del Pueblo Nación Diaguita en cada uno de sus valles. Del mismo modo para la reinauguración del Sitio Sagrado se llevo a cabo la tradicional “Flechada” Diaguita, a la vez que vocerías de Delegados de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta, de la Dirección de Pueblo Originario de Kachi y direccion del museo, daban el saludo colectivo e institucional.

Se compartieron unas ricas empanadas con sabor Diaguita, bien degustadas y asentadas con un buen Kallchak tinto, marca colectiva Diaguita que plasma en sus productos todo el sabor, el color, la armonía y el equilibrio entre Identidad y Territorio. Músicos y artistas invitados le dieron un marco musical y cultural.

Nuestro agradecimiento a las Autoridades tradicionales, Delegados y Miembros de las comunidades Diaguitas presentes, a los representantes del Municipio, del Hospital de Cachi, y a todas/os las y los visitantes que se acercaron a vivenciar y compartir nuestra propuesta de Intercambio Cultural de la Red de Turismo Diaguita Kallchakí.

Esta propuesta se concreta luego de recorrer un camino de diálogo intercultural hasta acordar un Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Cachi, a través de la Dirección de Pueblo Originario y el acompañamiento del Museo Arqueológico de Cachi Pio Pablo Díaz. 

El Sitio será gestionado desde la Dirección y el Pueblo Diaguita a través de sus Comunidades miembros de la UPNDS.

POR MEMORIA IDENTIDAD Y TERRITORIO


SOMOS EL GRITO ANCESTRAL DE LIBERTAD